Lenny Castro
Muchos se están rasgando las vestiduras por el trato “inhumano” que el gobierno les está dando a los pobres miembros de las pandillas en El Salvador.
Al parecer, la medida de implementar el estado de emergencia, dejarlos incomunicados; desaparecer cárceles exclusivas para ciertos grupos de pandilleros y privar a su familia de las visitas carcelarias, entre otras, ha sido ir demasiado lejos y cruzar una línea imaginaria donde no existe el civismo.
Ahora más que nunca leo, veo y escucho sobre el hacinamiento, la mala comida y el trato denigrante que viven en las cárceles. Todo ha salido a relucir en esta guerra política que sostienen algunos medios, líderes de opinión y otros miembros de la población descontentos con la nueva presidencia y su proceder.
Pero que me disculpen los defensores de estos terroristas llamados pandilleros si no estoy de acuerdo con ustedes, ya que si las medidas implementadas serán reales y no una pantomima como en los otros gobiernos, las aplaudo y las reconozco como positivas.
Los problemas de hacinamiento no son nuevos como tampoco es nuevo que esa aglomeración seguirá creciendo mientras no se ataquen a las estructuras criminales desde sus cimientos haciendo cumplir las leyes.
Porque si el argumento más fuerte es que una madre o un padre no verá a su hijo preso por estas medidas o que se les están irrespetando sus derechos al dejarlos incomunicados, déjenme decirles que desde hace unos meses el padre de mi sobrino no lo puede ver ni abrazar porque no sabemos dónde está, desapareció a manos de ese monstruo sediento de sangre y poder llamado pandillas.
Rogamos poder encontrar su cuerpo y darle cristiana sepultura, pero eso no es todo lo que mi familia ha tenido que implorar y padecer por el control que las maras tienen en El Salvador.
Mis hermanos, primos, mi madre y yo tenemos un largo tiempo sin vernos, si no es a través de un teléfono porque para salvar nuestras vidas, algunos tuvimos que salir del país para buscar un nuevo hogar porque el que teníamos se volvió nuestra cárcel y sentencia de muerte.
Como ciudadanos honrados y trabajadores, también nos hemos preguntado miles de veces ¿qué ha pasado con nuestros derechos? ¿Por qué para exigir justicia para las víctimas de los pandilleros, hay tan pocas voces? ¿Por qué para los padres que les han arrebatado a sus hijos e hijas los mareros no hay un clamor que caliente a las redes sociales, más que para lamentar sus pérdidas y no para exigir se haga cumplir la ley?
Nosotros no asesinamos, no robamos, no violamos, no secuestramos, no tomamos por la fuerza ningún territorio de El Salvador atemorizando a los habitantes de éste, nunca traficamos con armas y drogas, tampoco nunca fuimos sicarios bajo la orden de políticos corruptos. Sin embargo perdimos nuestras libertades constitucionales cuando los que nos las tenían que garantizar, las usaron como moneda de cambio al hacer treguas con los que sí han consumado todos esos crímenes.
¿Qué persona a la que le hayan violado, matado, secuestrado o extorsionado a un ser amado, exige protección para el perpetrador?
¿Quién de ellos está clamando por medio de sus redes un trato privilegiado para el asesino y no para la víctima?
Yo personalmente no puedo entender porque a la vista de ciertos sectores el bienestar de las maras deba prevalecer ante el de la mayoría de ciudadanos, quienes diariamente luchan por salir adelante con un trabajo digno.
Lo que si entiendo es que en cárcel se pierden parte de las libertades constitucionales, es el castigo por haber infligido la leyes de El Salvador; sin embargo los prisioneros y sin derechos somos los afectado por el delinquir de las maras, muchos viven encerrados en su hogar y otros tuvimos que salir del país sin opción de volver porque eso puede significar perder la vida.
Los salvadoreños promedio hemos tenido que encontrar la forma de protegernos solos, porque el sistema judicial de nuestro país está sobrepasado por la vorágine llamada pandillas. Mientras estas últimas usan armas y el miedo para arrebatarnos nuestra seguridad, nosotros nos tenemos que conformar con el poder de la oración.
Así que, si el hecho de que se aplique la ley como debe ser les causa pena – en un país donde se estima que cerca de 60,000 habitantes son miembros de maras y de éstos, casi 17,000 están encarcelados y siguen delinquiendo- también déjenme recordarle que el plan no solo es atacar a los hijos pródigos de El Salvador que han fortalecido las estructuras de las pandillas, también hay un componente de reinserción pero ese nadie lo menciona.
Además, nadie alude que en muchos casos es imposible la reinserción y esa es una realidad.
Las víctimas de las maras queremos, protección y justicia, ya no queremos seguir atrapados en una guerra política y presos en nuestras moradas, pedimos la reivindicación de nuestros derechos; no el exilio.
No ser carne de cañón y las marionetas de ningún sector del país.
Queremos evitar que más salvadoreños en edad productiva huyan de su patria, queremos que una de las fuentes principales de la migración actual -el acoso de las pandillas-, desaparezca.
Yo no soy seguidora de este gobierno, es más ni siquiera voté por él, pero si su trabajo es auténtico y pone como prioridad los derechos de las mayorías ante un tema tan delicado como la seguridad ciudadana, lo reconozco públicamente y lo aplaudo.
Si realmente su trabajo no es un circo mediático como fueron los otrora planes de seguridad para combatir pandillas, si no va a negociar con terroristas bajas de homicidios a cambio de beneficios carcelarios, si no les va a montar “porno fiestas” dentro de las cárceles de máxima seguridad o darles penales completos para que reinen sus clicas; sino les va a entregar pagos exorbitantes con dinero del erario público o usarlos como sicarios, pues entonces no veo el problema de que implemente el estado de emergencia máxima dentro de los centros penales.
¿Acaso no es ésta una herramienta que da la Constitución de la República de El Salvador para la defensa y la seguridad ciudadana?
