San Salvador, 17 ene (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó este sábado que cada 16 de enero se conozca como el «Día de las Víctimas del Conflicto Armado», fecha en la que actualmente se celebra el fin de la guerra civil librada en el país entre 1980 y 1992 con la Firma de los Acuerdos de Paz.
«Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados. Así empezaremos a construir la paz», publicó el mandatario en sus redes sociales.
El presidente Bukele ha catalogado la guerra civil y los acuerdos, que según expertos permitieron la alternancia pacífica en el poder hasta la actualidad, de «farsa», «negocio» y «pacto de corruptos».
El mandatario publicó una fotografía del decreto ejecutivo, que recuerda que por decreto del Congreso en la misma fecha se celebra el «Día de la Paz», en honor al final de la guerra.
El Gobierno de Bukele lleva dos años consecutivos sin conmemorar la fecha, como era costumbre de sus antecesores, lo que le generó críticas, principalmente desde las redes sociales.
Desde septiembre del año pasado, Bukele también recibió críticas por respaldar un bloqueo del Ejército a una serie de inspecciones judiciales ordenadas en el proceso penal por la masacre de El Mozote (1981).
En ese contexto anunció la «desclasificación» de archivos, pero únicamente entregó fotocopias de informes presentados por anteriores gobiernos al juez del proceso, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.
También se conoció un escrito presentado por el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, con el que buscaba que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia frenara las inspecciones y en él manifestó que el Ejército no compartía el fin del proceso penal.
La activista y candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Celia Medrano dijo a Efe que tras esta postura de «negacionismo histórico» se oculta el respaldo a la impunidad y que tiene una intención electoral.
«Negar los Acuerdos de Paz es justificar las violaciones a derechos humanos, políticos y civiles que ya estaban ganados por la sociedad salvadoreña», indicó Medrano y advirtió de que estos «van en marcada regresión a partir de gestos autoritarios de la actual gestión» gubernamental.
Agregó que detrás de la narrativa de que los acuerdos fueron una «farsa» y un «negocio» se encuentra «una visión obtusa electoral» de cara a las elecciones legislativas de febrero, dado que buscan restar méritos a los involucrados en el armisticio.
Se trata de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), que gobernaba en la época del final de la guerra.
El conflicto armado entre la guerrilla y el Ejército, financiado entonces por Estados Unidos, se saldó con unos 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos.
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