La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 29 de enero una nueva prórroga de 30 días al régimen de excepción, alcanzando así su extensión número 47 desde que fue implementado en marzo de 2022. La medida fue avalada con 57 votos a favor de un total de 60 diputados, en una sesión marcada por el respaldo mayoritario del oficialismo.
La decisión responde a una solicitud presentada por el presidente Nayib Bukele a través del Consejo de Ministros, con el aval de las autoridades de seguridad, bajo el argumento de que continúan vigentes las condiciones que motivaron la suspensión temporal de algunas garantías constitucionales. El decreto entrará en vigor el 31 de enero.
Con esta nueva prórroga, se mantiene la suspensión de derechos relacionados con la defensa legal, el plazo máximo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia, lo que permite a las autoridades realizar detenciones sin orden judicial y extender los periodos de privación de libertad, conforme al marco excepcional vigente.
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El régimen de excepción fue decretado originalmente el 27 de marzo de 2022, tras un repunte de homicidios atribuido por el Gobierno a las pandillas. Desde entonces, ha sido renovado de forma consecutiva como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
Según cifras oficiales, más de 91.000 personas han sido detenidas durante la vigencia de la medida, en su mayoría por presuntos vínculos con estructuras criminales y organizaciones catalogadas como terroristas. El Gobierno sostiene que esta política ha permitido una reducción histórica de los homicidios, así como la desarticulación de redes delictivas a nivel nacional.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la aprobación de la nueva prórroga y aseguró que el régimen de excepción sigue siendo una herramienta “indispensable” para garantizar la estabilidad del país y proteger a la población ante posibles amenazas internas y externas.
Desde el oficialismo también se destacó la cooperación con países como Estados Unidos, señalando que el intercambio de información y los procesos de deportación han facilitado la captura de cabecillas criminales que, al ingresar al país, han sido detenidos por las autoridades salvadoreñas.
La continuidad del régimen de excepción mantiene abierto el debate a nivel nacional e internacional, mientras el Gobierno insiste en que la medida seguirá vigente mientras persistan riesgos para la seguridad y el orden público.
