Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.
Washington D.C., 20 de enero de 2026 — Hace exactamente un año, Donald J. Trump regresó a la Casa Blanca para asumir su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Su gestión, que durará hasta el 20 de enero de 2029, ha marcado un periodo de decisiones de alto impacto tanto a nivel interno como en la escena internacional, con especial atención en políticas migratorias, económicas y diplomáticas.
Trump, quien ya había gobernado entre 2017 y 2021, ganó las elecciones de 2024 con la promesa de retomar una agenda firme centrada en la seguridad, el empleo y el control de fronteras. Desde el día de su investidura el 20 de enero de 2025 firmó varias medidas ejecutivas destinadas a reformar distintas áreas de la administración federal, entre ellas la política migratoria — un tema que ha sido una de las constantes de su carrera política.
Balance general del primer año
Según la Casa Blanca, el primer año de este segundo mandato estuvo marcado por lo que la administración describe como “resultados transformadores” en varios frentes. Entre ellos, destacan afirmaciones de reducción neta de la migración y un crecimiento económico sólido, con la creación de empleos y estabilidad en el mercado energético.
Sin embargo, estas cifras oficiales están sujetas a debate y contraste con otras fuentes independientes, que advierten sobre consecuencias sociales y económicas más amplias de las políticas impulsadas en este periodo.
La política migratoria ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más visibles y polémicos del regreso de Trump al poder.
En enero de 2025, al poco de asumir, Trump emitió una orden ejecutiva orientada a reforzar la deportación acelerada de personas que no cumplen con las normas de inmigración y a retirar fondos de jurisdicciones consideradas “santuario” — es decir, aquellas que limitan su colaboración con agencias federales de inmigración.
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Durante el primer año, según un análisis del Migration Policy Institute (MPI), la administración implementó más de 500 acciones relacionadas con inmigración, entre decretos, proclamaciones presidenciales y cambios reglamentarios. Esto incluye 622,000 deportaciones y medidas para frenar la entrada irregular desde la frontera sur.
Además, en enero de 2026 el gobierno estadounidense anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países, en una medida orientada a limitar aún más la entrada legal al país.
Los cambios incluyeron también la eliminación de protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de varios países, entre ellos venezolanos y salvadoreños que habían obtenido este beneficio en la última administración, lo que ha generado incertidumbre entre comunidades migrantes en Estados Unidos.
Estas políticas han sido acompañadas por una expansión significativa de agentes de inmigración y fondos para su operación, parte de un proyecto presupuestario que destina miles de millones a reforzar la infraestructura y los recursos de las agencias encargadas de hacer cumplir estas normas.
Debate y reacciones internas
La aplicación agresiva de estas medidas ha generado protestas y resistencia social en varios puntos del país. El 20 de enero de 2026, miles de personas salieron a las calles en diversas ciudades del país para manifestar su rechazo a las políticas migratorias del gobierno.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos también han expresado preocupación por el impacto de estas acciones en comunidades vulnerables y han señalado riesgos a las libertades civiles y al debido proceso.
Por otra parte, los defensores de las decisiones migratorias señalan que los cruces fronterizos han caído respecto a niveles previos, y que las medidas han sido efectivas para controlar flujos irregulares, alineándose con una de las promesas de campaña más repetidas por Trump.
Política exterior y comercio
Más allá de lo migratorio, la administración Trump ha hecho cambios notables en otras áreas. Entre estas se cuentan políticas comerciales que incluyen la imposición de aranceles sobre productos importados desde varios países, incluyendo alianzas críticas en Europa.
En el plano diplomático, Washington ha adoptado posturas firmes que han generado tensiones y negociaciones complejas con diversos países, mientras Trump ha promovido acuerdos específicos y revisado viejas alianzas.
Impacto en Latinoamérica
Las acciones de Estados Unidos en materia migratoria han tenido repercusiones directas en países de América Latina, especialmente aquellos con comunidades amplias de migrantes en territorio estadounidense. Países como México, Honduras y Venezuela han visto cómo la eliminación de ciertas protecciones y el aumento de las deportaciones han generado preocupaciones entre sus ciudadanos residentes en el exterior.
La revocación de beneficios como el TPS para venezolanos, por ejemplo, puede influir en decisiones familiares y laborales de miles de personas, creando discusiones diplomáticas entre gobiernos regionales y el Ejecutivo estadounidense.
Un año de contrastes
A doce meses de su regreso a la Casa Blanca, el segundo mandato de Donald Trump muestra un camino marcado por decisiones contundentes y divisivas. Para sus partidarios, estas acciones responden a una visión firme de control y orden. Para sus críticos, representan una administración con un enfoque excesivo en la restricción y el control social, que podría tener efectos duraderos en la sociedad estadounidense y en la relación con sus vecinos hemisféricos.
