Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación formal sustitutiva contra Raúl Castro y otros cinco ciudadanos cubanos por su presunta participación en el derribo de dos aeronaves civiles de la organización “Brothers to the Rescue” (Hermanos al Rescate), ocurrido el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales.
La acusación incluye cargos de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato, relacionados con la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, quienes viajaban en las avionetas Cessna derribadas por aviones militares cubanos.
Junto a Castro, de 94 años, fueron acusados Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, este último actualmente bajo custodia estadounidense por un caso migratorio en Florida.
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que la investigación busca llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de los cuatro integrantes de Hermanos al Rescate.
“Más de tres décadas después, estamos comprometidos a exigir responsabilidades a quienes asesinaron a cuatro valientes estadounidenses”, declaró Blanche.
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, señaló que las familias de las víctimas llevaban casi 30 años esperando respuestas y aseguró que las autoridades federales continuarán trabajando para esclarecer el caso.
Según la acusación, agentes de inteligencia cubanos se infiltraron en la organización humanitaria con sede en Miami durante la década de 1990 y transmitieron información sobre sus operaciones al gobierno cubano. Las autoridades estadounidenses sostienen que esos datos fueron utilizados para planificar el ataque aéreo.
De acuerdo con los documentos judiciales, el 24 de febrero de 1996 tres aeronaves de Hermanos al Rescate despegaron desde el aeropuerto de Opa-locka, en el sur de Florida, para realizar un vuelo humanitario destinado a localizar migrantes cubanos en peligro en el estrecho de Florida.
La acusación sostiene que dos de las avionetas civiles fueron interceptadas y destruidas por cazas MiG cubanos mediante misiles aire-aire mientras se encontraban fuera del espacio aéreo cubano.
Asimismo, las autoridades estadounidenses afirman que, en las semanas previas al incidente, pilotos militares cubanos realizaron ejercicios de entrenamiento orientados a interceptar aeronaves civiles de baja velocidad.
De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte por los cargos relacionados con asesinato y conspiración.
El anuncio fue realizado en la Freedom Tower de Miami durante una ceremonia en homenaje a las víctimas, con la participación de funcionarios federales y estatales, entre ellos la senadora Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
La acusación surge en medio de un renovado endurecimiento del discurso de Washington hacia La Habana. Recientemente, el secretario de Estado, Marco Rubio, responsabilizó públicamente a la élite militar y empresarial cubana por la crisis económica y energética que atraviesa la isla, señalando específicamente al conglomerado GAESA como un “estado dentro del estado”.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba continúan marcadas por tensiones diplomáticas, desacuerdos sobre derechos humanos y el impacto del embargo económico impuesto por Washington desde hace más de seis décadas.
Hasta el momento, el gobierno cubano no había emitido una respuesta oficial a la nueva acusación anunciada por el Departamento de Justicia estadounidense.
