Comisión especial de legisladores constata daños en Tacuscalco

El Metropolitano Digital

La comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudia el caso del sitio arqueológico Tacuscalco constató —el 31 de julio de 2018— los daños ocasionados por la empresa Fénix S. A. de C. V.  en  los límites culturales del sitio donde construye la urbanización Las Victorias, al sur de la ciudad de Sonsonate.

En el recorrido participó la ministra de Cultura, Silvia Elena Regalado, y miembros de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural; asimismo, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, junto a su equipo de trabajo y representantes de las comunidades indígenas, como el alcalde del Común de Izalco, Mateo Latin, quien se manifestó en favor de la conservación del patrimonio cultural arqueológico.

“Me duele como indígena lo que está sucediendo. Hago el llamado a respetar la ley, porque si no lo hacemos nos convertiríamos en cómplices también. Para nosotros, dentro de nuestra historia, el lugar juega un papel muy importante. Es de reconocer que nosotros existimos, que somos un pueblo y que si bien es cierto que nos han tratado toda la vida de invisibilizar, pero aquí estamos”, dijo Latin.

La comisión de legisladores, encabezados por el diputado Antonio Almendáriz, hizo su primera parada en el lugar conocido como Pozo 50, donde se encontraron vestigios de estructuras prehispánicas que ya no existen porque fueron arrasadas por la empresa Fénix, irrespetando la resolución donde se le indicaba que no se debía construir a partir de ese punto, el cual quedó establecido como límite cultural del sitio.

Una vez más,  el director de Arqueología, Hugo Díaz, hizo hincapié en la importancia del Pozo 50 y, con fotografías y planos en mano, mostró los hallazgos  hechos durante la consultoría de los arqueólogos Massiel Ramos y Marlon Escamilla, quienes también participaron en el recorrido junto a la directora general de Patrimonio, Irma Flores, y el arqueólogo Federico Paredes.

“La empresa está manejando el mismo argumento legal que usaron para destruir el sitio arqueológico El Cambio. Es la misma interpretación de lo que se quiere entender”, dijo Díaz sobre las justificaciones de la empresa de no respetar la resolución, porque la Declaratoria de Bien Cultural no incluye los terrenos donde se construye la urbanización, aunque la ley, según el director de Arqueología, dice que dentro del tesoro cultural están los sitios arqueológicos y, por lo tanto, el sitio está protegido per se y no es necesario que esté declarado.

Al finalizar el recorrido, Almendáriz dijo que evaluarán todos los insumos para tomar una decisión en la comisión, mientras que el diputado independiente, Leonardo Bonilla, manifestó que la visita los dejó ver “casas” y que lamentablemente no se pueden ver los rasgos culturales.

“En el Pozo 50 lo que pude ver fue una casa. Lo único que nos enseñaron fue una fotografía y eso es bien lamentable”, dijo Bonilla, quien agregó que la comisión tenía que llegar al lugar y evidenciar cuál era la realidad. “Yo creería que el informe tiene que ser muy equilibrado”, agregó.

El caso Tacuscalco inició el 30 de agosto de 2017, cuando se recibió una denuncia ciudadana sobre la destrucción del sitio arqueológico, tras lo cual, el 1 de septiembre, se hizo la inspección y se constató la destrucción de abundante material cultural por parte de la empresa Fénix, que además no contaba con los permisos establecidos en la LEPPCES (Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural de El Salvador), por lo que se interpuso un paro de obra.

Asimismo, se ordenó un estudio arqueológico, el cual fue realizado entre el 13 de septiembre y el 12 de octubre de 2017 por dos arqueólogos independientes, bajo la supervisión del Departamento de Arqueología. Dicho estudio determinó que era factible construir en la zona A, no así en la zona B, donde se encontró mayor concentración de materiales culturales, incluidas estructuras prehispánicas.

Por tanto, la Dirección de Patrimonio con base en la LEPPCES y su reglamento, y al informe técnico, emitió una resolución en la que se ordenó la protección de un Área de Reserva Arqueológica y un Área de Influencia, tal y como lo aseguró el arqueólogo consultor Escamilla durante su comparecencia ante la misma comisión el pasado 27 de junio, a quienes explicó que “ambas áreas tienen que ir juntas”.

Dicha resolución para proteger el sitio no fue acatada por la empresa, la que continuó los trabajos de terracería y, por lo tanto, la destrucción de estructuras prehispánicas. El proyecto paró hasta que el Juzgado Ambiental de Santa Ana decidió detener la construcción —en abril de 2018— a causa de la falta de permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entidad que presentó sus argumentos ante la  comisión previo al Ministerio de Cultura.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here