Con el objetivo de actualizar el marco legal que regula a los pequeños negocios y fortalecer su crecimiento, formalización y acceso a financiamiento, la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para reformar la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE).
La iniciativa fue respaldada por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que busca impulsar medidas orientadas a la creación y consolidación de las micro y pequeñas empresas, consideradas uno de los principales motores de la economía nacional.
Antes de aprobar el dictamen, los diputados escucharon la opinión técnica del presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, quien explicó que la propuesta pretende actualizar la legislación para enfocarla en áreas prioritarias como la formalización empresarial y el desarrollo económico local.
De acuerdo con datos presentados por el funcionario, en El Salvador existen alrededor de 990 empresas grandes, 2,830 medianas, 17,000 pequeñas y más de un millón de microempresas. De estas, unas 290,000 emplean entre cuatro y 10 personas, mientras que cerca de 840,000 tienen menos de cuatro trabajadores.
Steiner destacó que las micro y pequeñas empresas representan el 99.6 % del tejido empresarial y el 89.5 % de los patronos formales activos en el país, por lo que consideró clave actualizar el marco regulatorio que las rige.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la actualización de los criterios que definen el tamaño de las empresas, debido a que los incrementos al salario mínimo han dejado desfasada la clasificación vigente. Con la reforma, el límite para considerar a una microempresa se elevaría a 500 salarios mínimos en ingresos anuales, manteniendo un máximo de 10 trabajadores.
Asimismo, la propuesta busca proteger a los pequeños negocios frente a prácticas que afectan su sostenibilidad, como los retrasos en los pagos por bienes o servicios. En ese sentido, las instituciones deberán cancelar las facturas en un plazo máximo de 30 días; de lo contrario, deberán pagar intereses.
“Con esta reforma se le dan dientes a la ley para que se cumpla el pago oportuno. Es importante garantizar que las microempresas reciban su dinero a tiempo, porque muchas quiebran cuando sus facturas no se pagan”, afirmó Steiner.
Las modificaciones también incorporan el principio de proporcionalidad en los trámites y costos administrativos para evitar cargas económicas excesivas a los emprendedores, además de promover mayor coordinación con las municipalidades para impulsar el desarrollo económico local.
Otro de los aspectos clave es la simplificación de trámites, ya que la burocracia suele ser una de las principales razones por las que muchos emprendimientos no se formalizan.
Por su parte, el diputado William Soriano afirmó que el país vive una etapa de crecimiento económico que durante años estuvo limitada por la presencia de pandillas y las extorsiones que afectaban a los pequeños negocios.
El legislador señaló que las decisiones que se toman desde el parlamento pueden transformar el futuro del país, especialmente cuando se impulsan procesos de formación, fortalecimiento y expansión de los emprendimientos.
“Pasamos de 44,000 tiendas de colonia a más de 85,000 en pocos años. Los salvadoreños han perdido el miedo a emprender que durante mucho tiempo generaron las extorsiones de las pandillas. Ahora confían en que existen condiciones para abrir su propio negocio y sacar adelante a sus familias”, afirmó.
Nuevas categorías para las microempresas
Las reformas plantean que una microempresa será aquella con ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y un máximo de 10 trabajadores, mientras que las pequeñas empresas podrán registrar ingresos de hasta 5,000 salarios mínimos y emplear hasta 50 personas.
Además, las microempresas se subdividirían en tres categorías: subsistencia, acumulación y expansión, con el objetivo de identificar con mayor precisión su nivel de desarrollo y diseñar políticas públicas más adecuadas.
En la categoría de subsistencia se ubicarían los negocios con ventas anuales de hasta 57 salarios mínimos mensuales y un máximo de dos trabajadores. Las de acumulación serían aquellas con ventas superiores a 57 y hasta 300 salarios mínimos mensuales al año, con entre tres y cuatro empleados.
Finalmente, en la categoría de expansión se incluirían las microempresas con ventas superiores a 300 y hasta 500 salarios mínimos mensuales anuales, con plantillas de entre cinco y 10 trabajadores.
Nuevo sistema de representación
La iniciativa también propone la creación del Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, un mecanismo que permitirá coordinar acciones entre instituciones públicas, sector privado y actores territoriales para impulsar el desarrollo del sector.
Como parte de esta estructura, los gobiernos municipales deberán establecer Mesas Técnicas Representativas Locales, espacios de diálogo entre autoridades, empresarios y organizaciones vinculadas a las micro y pequeñas empresas para promover proyectos que dinamicen la economía local.
La implementación y supervisión del sistema estaría a cargo de la CONAMYPE, mientras que el Ministerio de Economía actuaría como ente rector.
